Regulación Laboral y Seguridad Social

Mendoza Rodríguez representó judicialmente a nuestro cliente, COAL MINERALS PEÑARANDA S.A.S., frente a una demanda ordinaria laboral presentada por la familia de un trabajador fallecido, cuyos nombres se mantienen en reserva. Los demandantes afirmaban que la empresa tuvo culpa en el accidente porque supuestamente no entregó casco y otros elementos de protección, incumplió sus deberes de seguridad y salud en el trabajo y no adoptó medidas suficientes para evitar el desprendimiento de una roca dentro de la mina. Con fundamento en esas imputaciones solicitaron la indemnización plena de perjuicios materiales y morales por $618.900.015. Nuestra defensa aceptó la existencia del contrato y el origen laboral del accidente, pero demostró que no existió una acción u omisión imputable al empleador: aportamos el registro firmado de entrega del casco y la dotación, las inducciones y capacitaciones recibidas, las inspecciones de techos y sostenimiento —incluida la efectuada el día anterior al accidente—, el plan de sostenimiento, el SG-SST, las actas del comité de seguridad y las investigaciones de la ARL, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio del Trabajo.

Mendoza Rodríguez representó judicialmente a nuestro cliente JDCY frente a una demanda ordinaria laboral promovida por un extrabajador, cuyo nombre se mantiene en reserva. Después de sufrir un accidente de trabajo y obtener una pérdida de capacidad laboral del 51,07 %, el demandante sostuvo que entre enero de 2021 y diciembre de 2022 había recibido una remuneración por producción superior al salario pactado y que JDCY reportó a la administradora de riesgos laborales un ingreso base de cotización inferior. Con esa afirmación pretendía que se declarara una elusión de aportes, se ordenara su reajuste y se reliquidara la pensión de invalidez, junto con el pago del retroactivo pensional, intereses e indexación. Nuestra defensa controvirtió la existencia de la supuesta elusión y la obligación de efectuar los reajustes reclamados, a partir del contrato de trabajo, los comprobantes de pago y los registros de aportes que sustentaban la relación laboral.

Mendoza Rodríguez representó a la esposa, las dos hijas y los tres nietos menores de un trabajador fallecido, integrantes de la Familia O. cuyos nombres se mantienen en reserva. El trabajador había sido vinculado verbalmente para ejecutar labores de construcción y murió el 25 de enero de 2021 al caer desde un andamio artesanal. La demanda solicitó que se declarara la existencia del contrato de trabajo por obra o labor, el pago de prestaciones sociales y la culpa del empleador por no afiliarlo a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, ni suministrarle las medidas adecuadas para trabajar en alturas. También se reclamaron la reparación de los perjuicios sufridos por el grupo familiar, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. La estrategia se sustentó en el informe de policía judicial sobre el accidente, la entrevista del compañero que presenció la caída, el informe de necropsia, las certificaciones de afiliación a seguridad social y los documentos de propiedad y licenciamiento de la obra.