Mendoza RodríguezAbogados
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Área de práctica

Indemnizaciones por Responsabilidad Estatal

Representamos a personas, familias y empresas que han sufrido un daño imputable al Estado. Analizamos la actuación u omisión de la autoridad, identificamos el régimen de responsabilidad aplicable y estructuramos la reclamación para obtener la reparación integral de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.

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Nuestro enfoque

Asesoría jurídica conectada con la realidad de cada asunto.

Cada asunto comienza con una evaluación temprana del daño, la entidad responsable, el nexo causal, los términos para reclamar y la prueba disponible. A partir de ese diagnóstico preservamos documentos y evidencia técnica, valoramos los perjuicios y definimos la estrategia de conciliación y litigio ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El acompañamiento se extiende hasta el cumplimiento y recaudo efectivo de los acuerdos o sentencias favorables.

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Estudio de viabilidad y estructuración de reclamaciones por daño antijurídico.

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Conciliación extrajudicial y medios de control de reparación directa.

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Privación injusta de la libertad, error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

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Responsabilidad médica y hospitalaria de entidades públicas.

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Falla del servicio por omisión en los deberes de seguridad, vigilancia o protección.

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Daños causados por la Fuerza Pública, uso de armas, vehículos oficiales y actividades peligrosas.

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Perjuicios derivados de obras públicas, infraestructura, vías y ocupación de inmuebles.

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Acciones de grupo y reparación de daños ocasionados a comunidades o colectivos.

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Cuantificación y prueba de perjuicios materiales, morales y afectaciones relevantes.

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Cumplimiento y cobro de conciliaciones y sentencias contra entidades estatales.

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Noticias del área

Actualidad jurídica relacionada.

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Casos de éxito

Experiencia que genera resultados

Asuntos representativos de nuestra práctica.

Por deber de confidencialidad, presentamos estos asuntos de forma anonimizada y destacamos únicamente el reto jurídico y el resultado obtenido.

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Privación injusta de la libertad

Indemnización favorable para J.V. y sus hijos por privación injusta de la libertad

En sentencia de primera instancia del 29 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta acogió la tesis de Mendoza Rodríguez. El despacho concluyó que la medida de aseguramiento estuvo precedida de una valoración probatoria deficiente, pues los indicios existentes no permitían individualizar de manera inequívoca a nuestro cliente ni demostraban su participación en el delito. Por ello consideró que la privación fue inapropiada, irrazonable y desproporcionada, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación–Rama Judicial y reconoció a J.V. una indemnización de 100 salarios mínimos por perjuicios morales, además de 50 salarios mínimos para cada uno de sus tres hijos. El proceso de reparación directa se tramitó desde 2017 hasta 2024 y obtuvo el reconocimiento judicial del daño causado a nuestro cliente y a su núcleo familiar.

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El reto

Mendoza Rodríguez representó a nuestro cliente J.V. y a su grupo familiar en un medio de control de reparación directa contra la Nación–Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. J.V. fue capturado el 13 de abril de 2012 cuando se movilizaba con otras personas en un vehículo en cuya guantera fueron encontrados 21 cartuchos. Permaneció privado de la libertad en un establecimiento carcelario durante dos años, tres meses y cuatro días, hasta que se ordenó su libertad el 17 de julio de 2014. Posteriormente fue absuelto porque la Fiscalía no logró demostrar que conociera o hubiera manipulado la munición: otro ocupante aceptó la responsabilidad y explicó que la había ocultado sin conocimiento de sus acompañantes, mientras la investigación no obtuvo huellas, rastros u otra evidencia que individualizara a J.V. como autor o partícipe. Nuestra reclamación demostró el daño antijurídico mediante el expediente penal, el certificado del INPEC, el preacuerdo celebrado con el responsable, la sentencia absolutoria, los informes policiales y los registros civiles que acreditaban el vínculo con sus hijos.

El resultado

En sentencia de primera instancia del 29 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta acogió la tesis de Mendoza Rodríguez. El despacho concluyó que la medida de aseguramiento estuvo precedida de una valoración probatoria deficiente, pues los indicios existentes no permitían individualizar de manera inequívoca a nuestro cliente ni demostraban su participación en el delito. Por ello consideró que la privación fue inapropiada, irrazonable y desproporcionada, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación–Rama Judicial y reconoció a J.V. una indemnización de 100 salarios mínimos por perjuicios morales, además de 50 salarios mínimos para cada uno de sus tres hijos. El proceso de reparación directa se tramitó desde 2017 hasta 2024 y obtuvo el reconocimiento judicial del daño causado a nuestro cliente y a su núcleo familiar.

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